El primer ponente Antonio Lucio Gil, experto en movilidad y Director de la revista Ecosostenible, identifica la gobernanza de la movilidad, con la capacidad de la administración de trabajar con las asociaciones con el fin de compartir conocimiento, en procesos que se suelen abrir en momentos de conflicto, para lo cual el fair play es un requisito indispensable, citando la obra de referencia de Daniel Irigarriti “La democracia del conocimiento”.
A continuación la Consejera Técnica Dirección General Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Soledad Perlado Hergueta, afirma que independientemente de las competencias que tengan las administraciones estas deben cooperar para alcanzar la adecuada gobernanza de la movilidad, poniendo como ejemplo el papel del Ministerio de Medio Ambiente que tiene la responsabilidad de fomentar dichos acuerdos. Destaca el “Proyecto la ciudad sin mi coche” para el fomento del uso responsable del vehículo privado y el transporte público, afirmando que uno de los puntos destacados de este proyecto es que los Ayuntamientos que se sumen al plan deben adoptar al menos una medida permanente, como por ejemplo la creación de un departamento de la movilidad.
La figura del Gestor de Movilidad es reivindicada por Carlos González, Director de Programa, Diputación de Barcelona, que afirma que sería necesario que hubiese un gestor en cada Ayuntamiento de más de 10.000 habitantes, cada empresa de más de 500 trabajadores y los polígonos industriales, lo cual daría lugar a unos 7.200 puestos de gestores. Sin embargo, se plantea si realmente hay una demanda real ya que se trataría de un puesto encargado de reducir externalidades, generadas por la ausencia de planificación en la movilidad, que nadie está pagando. Actualmente tienen redactado un manual de formación de Gestores de Movilidad reconocido por el Instituto Catalán de Formación.
La intervención del representante del Consorcio Regional de Transporte de Madrid, Antonio García Pastor, se centra en enfatizar la movilidad responsable. Reconociendo que se trata de un proceso complejo que necesita de estudios para ser abordado. Destaca que el Consorcio está trabajando en la coordinación de tarifas, la coordinación modal, la imagen y la incorporación de tecnologías.
Para cerrar el turno de los ponentes interviene Ana Ramos Gallarín, Directora de AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, que destaca que las tarifas del transporte público, de media, están soportadas al 50% por el pago del servicio y las subvenciones públicas. Justifica la inversión pública en el transporte en las externalidades positivas que genera y siguiendo con este argumento indica que los beneficiarios de estas externalidades, como los comercios cercanos a las paradas,deberían aportar parte del coste de los servicios. Del mismo modo que los usuarios de vehículos privados deberían internalizar los problemas que causan al transporte público aportando parte del coste del transporte público.
Pablo García Mena / pablo.gmena@gmail.com
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