En 2008 se finalizó la transposición de la Directica de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) para las instalaciones existentes en España. En este grupo de trabajo se ha dado a conocer la experiencia en este campo desde distinto puntos de vista: la administración, estatal y autonómica, y la industria.
Ha sido comentado en varias ocasiones que el pasado 19 de noviembre el Tribunal de Justica de la Unión Europea falló contra España por no adaptar toda la legislación en relación a la Directiva IPPC, aunque los ponentes difieren y hacen referencia al esfuerzo realizado por la administración , las entidades colaboradoras y las industrias para llevar a cabo la transposición.
En la actualidad, once comunidades autónomas tienen legislación propia y su propia Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), y cinco presentan novedades respecto al CONAMA 9.
Destaca el caso de Andalucía, que a finales de este año aprobará un nuevo reglamento en el que existe una serie de actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental (valores límites de emisión, planes de vigilancia y control, etc.). También es importante la nueva ley 20/2009 aprobada en Cataluña de prevención y control ambiental de las actividades.
Un estudio del Ministerio cifra en, aproximadamente, 6000 las instalaciones actuales, con un coste de adaptación de 11500 millones de euros. Hay sectores que han realizado un mayor esfuerzo económico: las centrales térmicas de carbón, las fábricas de cemento y cal, las refinerías de petróleo-gas y las fundiciones de aceros brutos (estas dos últimas representan el 60% de la inversión total).
Existe un esfuerzo por parte de las administraciones para controlar a las entidades colaboradoras y a aquellas que a su vez controlan a dichas entidades, con aproximadamente 40000 controles. Además, existen 4 vías de impugnación sobre las Autoridades Ambientales Integradas.
Es destacable el papel de los sindicatos en la elaboración de las Autorizaciones Ambientales Integradas, pues los trabajadores son una parte esencial de la industria. Un aspecto importante es que en momentos de crisis, como la que se está viviendo ahora, son momentos de oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenible.
Por último, destacar que la propuesta de la Comisión vulnera una serie de principios fundamentales, como las particularidades locales, y debería estar basada en criterios más concretos y realistas, ya que, de lo contrario, podría perjudicar la competitividad de la industria.
Ha sido comentado en varias ocasiones que el pasado 19 de noviembre el Tribunal de Justica de la Unión Europea falló contra España por no adaptar toda la legislación en relación a la Directiva IPPC, aunque los ponentes difieren y hacen referencia al esfuerzo realizado por la administración , las entidades colaboradoras y las industrias para llevar a cabo la transposición.
En la actualidad, once comunidades autónomas tienen legislación propia y su propia Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), y cinco presentan novedades respecto al CONAMA 9.
Destaca el caso de Andalucía, que a finales de este año aprobará un nuevo reglamento en el que existe una serie de actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental (valores límites de emisión, planes de vigilancia y control, etc.). También es importante la nueva ley 20/2009 aprobada en Cataluña de prevención y control ambiental de las actividades.
Un estudio del Ministerio cifra en, aproximadamente, 6000 las instalaciones actuales, con un coste de adaptación de 11500 millones de euros. Hay sectores que han realizado un mayor esfuerzo económico: las centrales térmicas de carbón, las fábricas de cemento y cal, las refinerías de petróleo-gas y las fundiciones de aceros brutos (estas dos últimas representan el 60% de la inversión total).
Existe un esfuerzo por parte de las administraciones para controlar a las entidades colaboradoras y a aquellas que a su vez controlan a dichas entidades, con aproximadamente 40000 controles. Además, existen 4 vías de impugnación sobre las Autoridades Ambientales Integradas.
Es destacable el papel de los sindicatos en la elaboración de las Autorizaciones Ambientales Integradas, pues los trabajadores son una parte esencial de la industria. Un aspecto importante es que en momentos de crisis, como la que se está viviendo ahora, son momentos de oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenible.
Por último, destacar que la propuesta de la Comisión vulnera una serie de principios fundamentales, como las particularidades locales, y debería estar basada en criterios más concretos y realistas, ya que, de lo contrario, podría perjudicar la competitividad de la industria.
Adrián Hidalgo de la Cruz
Natalia Funes Casalvázquez
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