La reforma de la Ley de Costas
que ha impulsado el gobierno conservador de Mariano Rajoy es “arbitraria”, sólo
ve el litoral como un recurso económico cuya gestión está en manos privadas y
busca ganar votos. Así ha criticado este proyecto de ley el catedrático Miguel
Ángel Losada, de la Universidad de Granada, al igual que la mayoría de los
ponentes y varios expertos asistentes a una conferencia-debate sobre la gestión
costera marcada por el estupor.
Sorpresa e indignación por un
cambio legislativo que carece de base científica, no se justifica y empeorará
la situación de la costa española, aseguran.
La modificación de esta ley de
1988 que no ha conseguido su objetivo de proteger a la costa de la invasión
inmobiliaria, sucede a un intento frustrado de elaborar una Estrategia nacional
de Gestión del litoral por recomendación del Parlamento Europeo en 2002.
El ministerio de Medio Ambiente
empezó a redactar esta Estrategia, que finalmente quedó en agua de borrajas
porque “no había voluntad de acuerdo” entre las diferentes administraciones,
que tienen “intereses totalmente distintos”, según Dolores Ortiz, subdirectora
adjunta del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).
A este fracaso le sigue el anuncio del ministerio
de una reforma de la legislación costera que permita potenciar un desarrollo
económico tan buscado en tiempos de crisis.
Pero el proyecto de ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral, que debate actualmente el parlamento,
no contiene elementos de protección ni de uso sostenible, según Losada.
El texto, que amplía las
concesiones 75 años más y reduce las zonas de dominio público, no señala los
puntos del litoral con riesgo de inundaciones, en un momento en que Bruselas
prepara precisamente una directiva para hacer frente a este fenómeno y tampoco
explica por qué exime de la legislación a una serie de parajes “singulares”.
En resumen ,“desprecia
sistemáticamente los procesos litorales y la evolución costera” y “sólo atiende
a la delimitación de las propiedades pública y privada”, según el catedrático
de Ingeniería Hidráulica.
El “pilar” de este proyecto de ley,
se lee en el texto, es aportar seguridad jurídica a la actividad económica del
litoral español, algo que aparentemente no ofrecía la legislación anterior, a
pesar de que la justicia española la respaldó en el 90% de los casos ante
denuncias de ciudadanos.
Esta nueva ley abre la puerta a
un tercer boom inmobiliario y turístico después del de los años 60 y el que nos
ha llevado a la crisis actual, vaticina Losada.
“No podemos prohibir en la ley
los efectos del cambio climático”, se llega a decir en el texto, que ignora las
previsiones de subida del nivel del mar en los próximos años debido al calentamiento
global.
La ley supone “un
desmantelamiento absoluto de la protección de nuestro litoral” en un país que
está entre los más afectados de la Unión Europea por el cambio climático,
coincide Pilar Marcos, de Greenpeace, que señala que España ya está pagando el
precio de no tener un plan de gestión integrada del litoral.
Tras la aprobación de esta
reforma, que se espera inminente, el Magrama dice tener pendiente la
elaboración de una Estrategia “alternativa” de gestión del litoral que esté
adaptada a los recortes que impone la crisis (el presupuesto para la Dirección
General de Costas bajará un 60% en 2013), mientras la UE prepara para el año
que viene una directiva conjunta de protección del espacio marino y gestión
integrada de zonas costeras que quizá obligue a España a revisar su
legislación.
Y ante este panorama, un consejo:
“Conocer cómo funciona la costa” antes de ponerse a planificar sus usos y que
los políticos escuchen a los técnicos, recomienda el catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia José Cristóbal Serra.
Elisa Santafé
@ElisaSantafe
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