Los bosques son una de las últimas oportunidades que tiene nuestra sociedad para permanecer en contacto con la que posiblemente sea su legado más inalienable. Sin embargo, tal y como ilustraba Félix Romero, lo que debería ser una relación de simbiosis, en los últimos años se ha convertido en un parasitismo en el que el hombre ha llevado hasta límites insospechados un egoísta aprovechamiento.
Además del valor como patrimonio natural que pudieran tener los bosques, no podemos olvidar el papel que éstos desempeñan en la naturaleza como reservorio de biodiversidad, almacenes naturales de agua, protectores del suelo frente a las agresiones externas, etc. De este modo, los bosques han de promocionarse como sistemas multifuncionales. Este es uno de los objetivos que se persiguen desde el Ministerio de Medio Ambiente, así como la erradicación de la deforestación o la mejora del estado de conservación de los montes.
Una de las mejores formas para combatir/atacar el problema de la deforestación son los certificados forestales, con los que se acredita una explotación forestal responsable. De este modo, también implicamos a la sociedad en el que podría ser un consumo responsable.
En relación al estado de conservación de nuestros montes, la problemática se complica cuando dos tercios de ellos se encuentran bajo titularidad privada, contrario a lo que sucede en el resto del mundo donde el 80% de ellos son de dominio público.
En la situación actual apreciamos una pérdida de 13 millones de ha. cada año en el mundo en la última década, donde una parte es extraída de forma ilegal, siendo este, unos de los principales problemas de la degradación de los bosques, de su desaparición y la correspondiente pérdida de biodiversidad.
Para luchar contra dichas talas ilegales, se crea El Plan de Acción para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) de la Unión Europea que fue propuesto por al Comisión el 21 de mayo de 2003, y acogido favorablemente por el Consejo y el Parlamento Europeo. Dicho Plan de Acción es una iniciativa de la Unión Europea que establece un proceso y un conjunto de medidas para afrontar el creciente problema de las talas ilegales y el comercio asociado a estas prácticas. Junto a esto también nos encontramos con la denominado Diligencia Debida, que es un Reglamento 995/2010 del parlamento europeo y del consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera.
Por tanto, como comentaba José Antonio González “esto es un problema de todos, en el que están implicados la administración pública, el sector empresarial y la propia sociedad”. La conferencia da a conocer nuevos modelos economicos comunes resultado de iniciativas tanto públicas como privadas.
Representando al sector privado, Coca-Cola España, Leroy Merlin España y J.Vigas S.A. son los elegidos para dar a conocer las políticas desarrolladas en cuanto a papel, madera y corcho; respectivamente. El factor común en los tres casos, y quizás lo más comentado en toda la conferencia, es el ya comentado certificado forestal aplicable a todo tipo de material de oficina, inmuebles u otros materiales. Sin duda, de entre ellos el sello FSC (Forest Stewardship Council) es el más valorado, por el compromiso con los bosques que éste garantiza. Pero existen otros, como el SYSTECODE para los corchos que, aunque a pequeña escala, también certifican la calidad y sobretodo, la sostenibilidad del producto.
Pese a que estas líneas de actuación aún sean muy básicas, existe una iniciativa positiva y con objetivos mucho más ambiciosos, como es el caso de Leroy Merlin ya que la madera certificada con la que trabajan aún sólo representa el 30%.
Por último, entre los participantes del sector público nos encontramos con 9 ayuntamientos comprometidos a nivel nacional con la compra responsable, este dato aunque a priori no sea muy llamativo supone el 15 % de la población española. El ayuntamientos de Madrid, León y la diputación de Toledo son algunos de los integrantes y los responsables en esta conferencia de dar a conocer los proyectos que se están llevando a cabo. Una vez más nos encontramos con los certificados como principal línea de actuación. Como comentaba Elisa Barahona Nieto (Ayto Madrid) “como administraciones publicas tenemos una gran responsabilidad ya que la compra publica representa un 18% del PIB” .
Además del valor como patrimonio natural que pudieran tener los bosques, no podemos olvidar el papel que éstos desempeñan en la naturaleza como reservorio de biodiversidad, almacenes naturales de agua, protectores del suelo frente a las agresiones externas, etc. De este modo, los bosques han de promocionarse como sistemas multifuncionales. Este es uno de los objetivos que se persiguen desde el Ministerio de Medio Ambiente, así como la erradicación de la deforestación o la mejora del estado de conservación de los montes.
Una de las mejores formas para combatir/atacar el problema de la deforestación son los certificados forestales, con los que se acredita una explotación forestal responsable. De este modo, también implicamos a la sociedad en el que podría ser un consumo responsable.
En relación al estado de conservación de nuestros montes, la problemática se complica cuando dos tercios de ellos se encuentran bajo titularidad privada, contrario a lo que sucede en el resto del mundo donde el 80% de ellos son de dominio público.
En la situación actual apreciamos una pérdida de 13 millones de ha. cada año en el mundo en la última década, donde una parte es extraída de forma ilegal, siendo este, unos de los principales problemas de la degradación de los bosques, de su desaparición y la correspondiente pérdida de biodiversidad.
Para luchar contra dichas talas ilegales, se crea El Plan de Acción para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) de la Unión Europea que fue propuesto por al Comisión el 21 de mayo de 2003, y acogido favorablemente por el Consejo y el Parlamento Europeo. Dicho Plan de Acción es una iniciativa de la Unión Europea que establece un proceso y un conjunto de medidas para afrontar el creciente problema de las talas ilegales y el comercio asociado a estas prácticas. Junto a esto también nos encontramos con la denominado Diligencia Debida, que es un Reglamento 995/2010 del parlamento europeo y del consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera.
Por tanto, como comentaba José Antonio González “esto es un problema de todos, en el que están implicados la administración pública, el sector empresarial y la propia sociedad”. La conferencia da a conocer nuevos modelos economicos comunes resultado de iniciativas tanto públicas como privadas.
Representando al sector privado, Coca-Cola España, Leroy Merlin España y J.Vigas S.A. son los elegidos para dar a conocer las políticas desarrolladas en cuanto a papel, madera y corcho; respectivamente. El factor común en los tres casos, y quizás lo más comentado en toda la conferencia, es el ya comentado certificado forestal aplicable a todo tipo de material de oficina, inmuebles u otros materiales. Sin duda, de entre ellos el sello FSC (Forest Stewardship Council) es el más valorado, por el compromiso con los bosques que éste garantiza. Pero existen otros, como el SYSTECODE para los corchos que, aunque a pequeña escala, también certifican la calidad y sobretodo, la sostenibilidad del producto.
Pese a que estas líneas de actuación aún sean muy básicas, existe una iniciativa positiva y con objetivos mucho más ambiciosos, como es el caso de Leroy Merlin ya que la madera certificada con la que trabajan aún sólo representa el 30%.
Por último, entre los participantes del sector público nos encontramos con 9 ayuntamientos comprometidos a nivel nacional con la compra responsable, este dato aunque a priori no sea muy llamativo supone el 15 % de la población española. El ayuntamientos de Madrid, León y la diputación de Toledo son algunos de los integrantes y los responsables en esta conferencia de dar a conocer los proyectos que se están llevando a cabo. Una vez más nos encontramos con los certificados como principal línea de actuación. Como comentaba Elisa Barahona Nieto (Ayto Madrid) “como administraciones publicas tenemos una gran responsabilidad ya que la compra publica representa un 18% del PIB” .
Rodrigo Núnez
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